En el veinte aniversario de la Ley de Costas

En enero de 1986, en Valencia, la Administración paralizó la construcción de una discoteca que estaba literalmente a cuatro metros del mar. El arquitecto responsable ni siquiera sabía que había infringido la ley de costas, porque ignoraba su existencia. Meses después la misma Administración ordenó un derribo en Puzol. El alcalde denunció, airado, que las obras venían amparadas por el PGU, y así era, por lo que estaban al mismo tiempo prohibidas y permitidas. Aquella ley de costas de 1969, ignorada por casi todos, y desconexionada del planeamiento urbanístico, era más teórica que real, como el espectro del holandés errante, y había que hacer algo.

Ese algo fue la ley de costas de 1988, que tuvo la virtud de coordinarse con el urbanismo, el atrevimiento de asignar efectos civiles al deslinde (usted pierde su propiedad sin la previa intervención de un juez) y el defecto de dejar más interrogantes que certezas. El principal era éste: ¿Qué sucede con los terrenos que pasan a ser dominio público con la nueva ley, pero que ya estaban construidos con anterioridad? No son demaniales porque la constitución en ellos los ha desnaturalizado, se decía en los primeros años. Pero en 1997 un joven y audaz jefe de costas hizo triunfar la fórmula contraria, tragándose una urbanización, los Arenales del Sol, que había sido construida en los setenta fuera del dominio público. Fue esta nueva, revolucionaria y en cierto sentido impúdica interpretación de la ley, transformada en hábito y aplicada a toda España, lo que causó la reciente fundación de la Plataforma Nacional de Afectados por la ley de Costas y la casi inmediata presentación en el Parlamento Europeo de una queja contra los abusos del Goberno.

Veinte años después del nacimiento de la ley de costas, el panorama es desolador. Los responsables, malinterpretando su propósito de frenar la presión urbanística sobre el litoral, se han estado cebando en inofensivos pueblos de pescadores y barrios marítimos tradicionales que siempre habían estado allí. Cerraron un ojo y entornaron el otro para ignorar la construcción de complejos turísticos tan espectaculares como ilegales en tramos de costa antes vírgenes. Dieron lugar a desigualdades grotescas aplicando la ley con unos criterios o los contrarios, según conviniera. Crearon ellos mismos problemas innecesarios que luego no han sabido resolver: ahí está aún Anales del Sol, once años después. Si los edificios eran ilegales, deberían ser derribados. Si por el contrario eran legales, los propietarios tendrían que recibir la concesión prevista en la ley. Pero la Administración no hace una cosa ni la otra, porque no sabe qué hacer, y tiene condenados a los vecinos a un limbo jurídico inaceptable, en el que cada uno ignora cuáles son sus derechos.

No conozco ninguna situación comparable en cuanto a inseguridad jurídica a la creada por estos auténticos desmanotados, muy preocupados por deslindar rápidamente la costa, pero que, como ven, no acaban el trabajo y lo dejan todo manga por hombro.En el fondo el problema ha sido la ausencia de control político.

La aprobación del deslinde es una competencia del Ministro delegada desde hace lustros en el Director General de Costas, y éste se ha estado dedicando a exprimir la ley como un limón, sin considerar el conjunto de los intereses en juego, que es lo que hacen los políticos. Por todo ello, estos años merecen calificarse de calamidad colectiva.

Resulta simbólico que el Parlamento Europeo haya admitido nuestra queja coincidiendo con el veinte aniversario de una ley que nació con las mejores intenciones, y que en manos no tan necias podría haber sido el instrumento que realmente necesita el país para proteger sus costas de la plutocracia ladrillera.

Una revisión de la praxis en la aplicación de la ley estaría bien, pero aún mejor sería reformar sus pasajes ambiguos, dándoles precisión para impedir que surja un nuevo funcionario público decidido a jugar a Dios interpretándola y aplicándola según sus manías personales, y arrastrando consigo a todo este desgraciado pais, incluyendo víctimas (por necesidad), políticos (por desatención) y jueces (por fidelidad a la letra de preceptos ambiguos pero obligatorios).

El Gobierno, con buen criterio, ya ha empezado a limpiar la casa de todopoderosos iluminados y ahora debería demostrar con hechos concretos su disposición real a salvar España de las indecencias que nos ha tocado vivir.

José Ortega es abogado.