Diplomáticos de distintos países trasladan al Gobierno y al PSOE en Europa las quejas de los afectados JUAN SANCHIS LAS PROVINCIAS VALENCIA
15 Julio 08
La Unión Europea investigará la aplicación de la Ley de Costas por parte del Gobierno español. Este fue uno de los compromisos que adquirió el presidente del Grupo Socialista en el Parlamento Europeo, el español Enrique Barón, en una reunión mantenida el pasado 17 de abril con embajadores de distintos países de la UE.Los diplomáticos le transmitieron el malestar de los residentes de sus países en España ante la aplicación de esta normativa. Según las fuentes consultadas, Enrique Barón les indicó que la cuestión estaba en manos de la Comisión de Peticiones y que ésta se iba a encargar de estudiar los posibles abusos en la aplicación de la Ley de Costas por parte del Ejecutivo Central.Es más, las mismas fuentes explicaron que el eurodiputado socialista les aseguró que la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo no se iba a desentender de la denuncia y la iba a estudiar antes de tomar una decisión.Y es que el malestar por la forma en la que el Gobierno ha aplicado la Ley de Costas durante los últimos años ya ha traspasado las fronteras españolas. Bruselas tiene el expediente sobre la mesa. Pero, además, los afectados de otras nacionalidades residentes en España están presionando ante sus respectivas embajadas para que tomen cartas en el asunto.Presión en España La presión diplomática no se queda sólo en Bruselas. Las distintas embajadas han empezado a moverse en España. A fines del mes de junio el cónsul general de la Embajada de Alemania en España se reunió con el secretario general del Mar del Ministerio de Medio Ambiente, Juan Carlos Martín Fragueiro, y otros cargos del departamento dirigido por Elena Espinosa.El objetivo de la reunión era transmitirle el malestar de los afectados por la aplicación de los deslindes aprobados por el Ministerio de Medio Ambiente y que afectan a ciudadanos alemanes residentes en la Comunitat y otras autonomías de España.Se trata de un tema muy delicado, ya que la aplicación de la Ley de Costas es una cuestión interna del Estado español. Los representantes de la Embajada, según las fuentes consultadas, únicamente preguntaron sobre la posible incidencia que podía tener la política del Ejecutivo central en los ciudadanos de su nacionalidad. Las mismas fuentes explicaron que los representantes del Ministerio de Medio Ambiente prefirieron no dar una respuesta directa y señalaron que la Ley de Costas es constitucional.Es más, el embajador de Alemania en España, doctor Wolf -Ruthart Born, se ha puesto en contacto con el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, para elevarle las quejas de los residentes alemanes en la Comunitat afectados por la actuación del Gobierno.La Comisión de Peticiones tenía que haber evaluado el informe remitido por la Plataforma Nacional de Afectados por la Ley de Costas en su reunión del pasado mes de junio. Por razones todavía no aclaradas pospuso su decisión hasta el mes de septiembre.Los propietarios han denunciado ante el Parlamento Europeo los supuestos abusos cometidos por la Administración central en la aplicación de la Ley de Costas de 1988. Entre sus quejas plantean que mediante un proceso administrativo puede arrebatarseles su propiedad prácticamente sin compensación económica. Y todo ello pese a que compraron un terreno o construyeron una vivienda cumpliendo estrictamente la legislación vigente en el momento.El documento remitido por la Plataforma denuncia lo que, en su opinión, se trata de una actuación arbitraria de la Administración en la aplicación de la Ley de Costas. Los afectados ponen de manifiesto la inseguridad jurídica en la que se encuentran los propietarios, ya que no se respetan los derechos adquiridos. Según el informe que tiene en su poder la Comisión de Peticiones, el Gobierno está aplicando la norma con efectos retroactivos, sin respetar el carácter legal que las edificaciones podían tener en el momento de su construcción.Una parte destacada del informe se centra en los abusos cometidos por la Administración al unir deslindes con derribos. Dos aspectos que, según la Plataforma, no tienen nada que ver. El documento llega a calificar de "fraude" el hecho de que el Ministerio asocie los dos procesos y encima obligue a los desahuciados a pagar las demoliciones. La queja expone que los deslindes, según establece la Ley de Costas, se limitan a la recuperación por parte del Estado de la propiedad de unos terrenos o de las edificaciones que haya en ellos. La denuncia explica que, en ningún caso, la recuperación de la propiedad por la Administración implica su derribo.Los afectados esperan que la preocupación que están mostrando otras naciones europeas sirva ahora para que la Comisión de Peticiones y otras instituciones tomen cartas en el asunto e intercedan ante el Gobierno español.jsanchis@lasprovincias.es
http://www.lasprovincias.es/valencia/20080715/valenciana/investigara-estatal-costas-tras-20080715.html
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