Domingo 08 de Febrero de 2009
La ley de Costas que sigue vigente en España es la 22/1988, de 28 de julio, la cual derogo la del 26 de abril de 1969. La cual regula la determinación, protección, utilización y policía del dominio público marítimo terrestre y especialmente de la ribera del mar. ¿Es esta ley realmente complaciente, y trata a todos los ciudadanos por igual a la hora de su aplicación?, parece ser que no, y así lo manifiestan los miembros de la Plataforma Nacional de Afectados por la Ley de Costas (PNLAC), dicen de esta ley que últimamente se ha convertido en el azote de los más desfavorecidos, en beneficio de los más poderosos, y es evidente que así es, si nos remitimos a los últimos acontecimientos que al amparo de la misma se han llevado a cabo, donde el escarnio y la sinrazón han sido los protagonistas de estos actos execrables, que han tenido lugar en muchas zonas costeras de las islas. Las leyes son de obligado cumplimiento, pero tienen que estar legitimadas en base a un trato igualitario para todos los ciudadanos, sin que existan acciones discriminatorias, motivadas por la condición social de los individuos, donde sistemáticamente el pobre siempre lleva todas las de perder y al cual no se le reconoce las necesidades que evidencian, motivadas por una serie de circunstancias que le llevan a vivir en la precariedad más absoluta. En la ley citada 22/1988, y en su artículo 23, la servidumbre de protección recae sobre una zona de 100 metros medida tierra adentro desde el limite interior de la ribera del mar. Permitiendo, que en los terrenos comprendidos en esta zona se puedan llevar a cabo sin autorización plantaciones y cultivos, lo que resulta hasta cierto punto contradictorio con lo que dictamina la ley, que no permite lugares habitables pero si explotaciones agrarias, en cuyo caso los seres humanos pasamos a ocupar un segundo plano y donde las personas somos relegados al ostracismo más irreverente.
Juan Dávila García
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