Ante las declaraciones del Ministerio de MARM publicadas hoy en el diario El País, queremos hacer público una NOTA DE PRENSA

1) La declaración constituye un reconocimiento de las denuncias
contenidas en el Informe sobre aplicación abusiva, arbitraria y retroactiva de la ley de costas, elaborado para la Plataforma y presentado ante el Parlamento Europeo como queja contra España.

2) Resulta especialmente significativo que la Directora General reconozca la práctica abusiva seguida durante veinte años, y denunciada repetidamente por la Plataforma: ignorar el derecho de los afectados a la concesión administrativa prevista como indemnización por la pérdida de su propiedad y al mismo tiempo otorgar dicha concesión, para inmediatamente rescatarla, solo en los casos en los que había prevista una obra pública.
Esto significa dos cosas:
a) dar plenamente la razón a la Plataforma, cuando denunció en la sesión ante el Parlamento Europeo de 20.01.09 que se estaba produciendo un mecanismo de expropiación sin indemnización ....
b) pervertir el ordenamiento jurídico, transformando la concesión en un motivo de intranquilidad y miedo, al ser sinónimo de derribo, en lugar de significar seguridad jurídica y estabilidad, tal como prevé la ley de costas......

3)No es cierto que se vaya a reconocer derechos de concesión a todos los propietarios de casas sobre la arena, tal como publica el País. Desafortunadamente, son muchos los casos en los que la ley no reconoce este derecho. Por ejemplo, cuando los bienes ya habían sido declarados dominio público por un deslinde anterior o cuando el deslinde en cuestión es el primero que se tramita, incluso cuando la vivienda fuera de principios de siglo y estuviera inscrita en el registro de la propiedad. Es incalculable el número de ciudadanos que se encuentran en esta situación, y para los cuáles sigue siendo cierto que en España se practica la expropiación sin indemnización. Precisamente para resolver esos problemas presentamos a los partidos políticos una enmienda a la ley de navegación marítima orientada a que estos ciudadanos pudieran beneficiarse también del derecho de concesión. La iniciativa tenía por objeto evitar los derribos masivos que planeaba el Ministerio de poblados litorales tradicionales y humildes en Canarias, Galicia y otras partes del litoral. La enmienda fue presentada por Coalición Canaria y está en trámite.

4) El Ministerio reconoce que es imposible cuantificar el número de afectados con derecho a la concesión que no son titulares de la misma. Esto es lo mismo que reconocer el impresionante caos administrativo acumulado en la Dirección General de Costas durante estos veinte años, y desde luego se vuelve a dar la razón a la Plataforma cuando denunciaba que los ingenieros de costas solo están interesados en poner la línea, y todo lo demás se lo dejan sin hacer. Este todo lo demás incluye no solo el reconocimiento de las concesiones, cuando proceda, sino también la regularización de los inmuebles en el registro de la propiedad y el catastro. La increíble desidia de los responsables ha dado lugar a una bomba de relojería con la que las viviendas se están comprando y vendiendo, y las ventas se están inscribiendo en el registro de la propiedad, incluso cuando esas propiedades ya no existen por haber pasado al dominio público. El desbarajuste organizado por la propia Administración con su negligencia puede tener unas consecuencias impredecibles cuando los adquirentes se den cuenta de que los derechos que han comprado y pagado no existen. Todo esto obedece a la obsesión de los ingenieros de costas por deslindar a toda velocidad, dejando todo lo demás sin hacer y no reparando en las consecuencias.

5) Las discrepancias sobre el inicio del cómputo para empezar a contar el plazo de la concesión son otra consecuencia de la negligencia de la Dirección General de Costas. El reglamento de costas manda que si los interesados no la reclaman, la Administración otorgará la concesión de oficio, y ellos no han hecho nada en estos veinte años, es decir, no han otorgado ninguna concesión de oficio, excepto las que eran necesarias para proceder a una inmediata demolición. El problema que plantea el diario El País (si el plazo empieza a contarse desde el otorgamiento, los pocos propietarios diligentes, que pidieron y obtuvieron la concesión, se verán comparativamente perjudicados respecto a quienes no hicieron nada, que siguieron y siguen disfrutando de la vivienda sin título durante unos años que no cuentan) nunca se habría originado si la Dirección General de Costas hubiera cumplido con sus obligaciones de otorgar la concesión de oficio después de pasado un año de la aprobación del deslinde. Los responsables se olvidaron total y absolutamente de este aspecto de la cuestión y aquí vemos las consecuencias.

6) La orden de Narbona de 2007 no guarda mucha relación con la sentencia del Tribunal Constitucional 149/91, que tanto respeto mostró por la concesión de la Disposición Transitoria primera, apartado primero, de la ley de costas. Dijo le tribunal que la concesión era el pago en especie por una expropiación, y es razonable pensar que sus términos y condiciones deberían parecerse lo más posible al de la propiedad. Al contrario, Narbona aplicó a estos propietarios privados de sus bienes el régimen general de concesiones del reglamento de costas, es decir, las mismas normas que se aplican a quienes solicitan un espacio público en la arena para, por ejemplo, vender paellas. Entre otras limitaciones carentes de sentido se cuenta la de prohibir la transmisión inter vivos, que puede ser muy apropiada para los chiringuitos pero que resulta humillante para los propietarios desposeídos. Precisamente se dice por ahí que esta prohibición era una herramienta encubierta para que las concesiones así otorgadas carecieran de valor en mercado y de esta manera la Administración pudiera rescatarlas a precios ridículos.

7) El reportaje del País, aún queriendo dar a conocer innegables mejoras adoptadas por el Ministerio de Medio Ambiente, no deja de ser una confesión de caos, irresponsabilidad e ineptitud acumulados en veinte años por los sucesivos responsables de la Dirección General de Costas, unos ingenieros de caminos, canales y puertos, depositarios de altas responsabilidades jurídicas, que demostraron que lo único que les interesaba era poner la línea y que nos han dejado en herencia una catástrofe legal de complicada solución. Sospechamos que el gobierno lo ignoraba todo y que por eso la bola de nieve ha ido creciendo y creciendo. Consideramos que el Ministerio debería hacer una confesión pública expresa y pedir perdón a la sociedad por la negligencia y el desbarajuste, pero también parece clara la necesidad de una reforma muy profunda y severa en la propia Dirección General de Costas, dejando entrar a titulados universitarios dispuestos a respetar los derechos civiles.

8) El mecanismo de las concesiones administrativas como reparación por la pérdida de la propiedad es el testimonio de un país que intenta vivir por encima de sus posibilidades y un fracaso social, político y jurídico. España desea limpiar sus playas pero no tiene dinero para pagar las expropiaciones, así que se inventa ese mecanismo de la concesión, que a muchísimos propietarios no se les reconoce y a otros, aunque se les reconoce, no se les otorga. Incluso en el mejor de los casos, si la Administración hubiera cumplido su propia ley y cada ciudadano estuviera gozando de su concesión, incluso así la fórmula sería pobre, torpe e inadecuada. Aunque el Tribunal Constitucional haya declarado que la concesión es hábil como indemnización, nadie lo entiende, porque toda expropiación exige un justiprecio, esto es, un precio justo, y la concesión será un precio, pero ni es ni puede ser justo porque, por definición, es mucho menos que la propiedad. Por lo tanto, la medida que anuncia hoy el País, siendo simpática, no hace gracia a nadie ya que no hay un solo propietario que se sienta pagado con la concesión. Este es el motivo de que en el proyecto de reforma de la ley de costas elaborado por la Plataforma, se sustituya la concesión por un precio en dinero, como sucede en todas las expropiaciones.

9) De la misma forma que los ingenieros de costas han sembrado durante veinte años el caos administrativo, el Ministerio está ahora dedicándose a poner parches en lugar de proceder a una reforma meditada, prudente y responsable, pero clara, de la ley de costas, que ha demostrado ser una ley confiscatoria que promueve la expropiación sin indemnización o con indemnización notoriamente insuficiente. El próximo día 1 de enero José Luis Rodríguez Zapatero será presidente de turno de Europa. De esa misma Europa que, a través de su Parlamento, le ha pedido a España que cambie la ley de costas para, entre otras cosas, establecer una compensación suficiente a favor de quienes pierden la propiedad. Esto es lo que tiene que hacer el gobierno. Enfrentarse al problema y resolverlo.

10) La Plataforma Nacional de Afectados por la Ley de Costas es consciente de que estos cambios y reformas se han originado como consecuencia del informe sobre aplicación abusiva, arbitraria y retroactiva de la ley de costas, su queja ante el Parlamento Europeo y el resto de su actividad de denuncia de los abusos. De no ser por estas denuncias e iniciativas, lo más seguro es que en el Ministerio no hubiera cambiado nada. La actividad de la Plataforma es un buen ejemplo de la necesidad de mantener una conciencia crítica y sobre todo de que los ciudadanos ejerzan sus derechos.

José Ortega
Portavoz de la Plataforma Nacional de Afectados por la Ley de Costas