LA LEY DE COSTAS DE 2008: UN DEBATE NECESARIO
Ante la estupefacción de los representantes del Ministerio de medio Ambiente, liderados por la directora de costas, Doña Alicia Paz, el Parlamento Europeo ha vuelto a llamar la atención y condenar a España y a su Gobierno por la aplicación injusta, arbitraria, con carácter retroactivo y sin compensación suficiente por la pérdida de la propiedad en los casos de concesión, de la Ley de Costas. No ha servido para nada el que la directora de Costas fuera al Parlamento de cuerpo presente para explicar la “maravilla” que es esta Ley, estando además en el semestre en donde nuestro Presidente es asimismo Presidente (de turno) de la Unión europea. Nada, los parlamentarios europeos siguen en la confabulación contra este Gobierno, la Audiencia nacional, Tribunal Supremo y funcionarios de Costas varios, indicándonos que el problema no es la ley de costas (válida en cuanto a la necesidad de proteger las playas) sino su aplicación sobre situaciones que eran (y son, en mi opinión) legales antes de que se aprobara, en 1988, dicha Ley.
Los parlamentarios de Europa, en definitiva, se ratifican en lo que se indicaba en el famoso (y olvidado) Informe Auken y piden al Gobierno que de una solución respetuosa con el derecho de propiedad de los ciudadanos europeos.
Para el Gobierno podría ser el momento de llegar a un pacto con los ciudadanos afectados por la aplicación de dicha ley, insisto sobre propiedades que eran legales, abriendo un debate que intente conjugar el respeto al medio ambiente y los derechos de propiedad.
Nos va en ello la credibilidad de este país y la confianza de que este Gobierno y su Presidente en primer lugar, se comportan de manera civilizada con los que desean invertir en el.
En este debate me gustaría aclarar algunos puntos, desde la perspectiva de los afectados, para evitar que se descalifique la oposición a esta Ley de Costas de la manera demagógica que a veces se hace desde la propia Costas o desde algunos grupos de presión.
1º) No estamos en contra de una Ley que proteja la Costa de desmanes urbanísticos. Estamos en contra de que se utilice para modificar situaciones que eran legales antes de dicha ley. Para nosotros el fin no justifica los medios.
2º) Un gobierno democráticamente elegido está en su derecho de modificar situaciones que ahora se consideran que “no se debieron haber permitido”. El procedimiento no es quitar sus propiedades a la brava a los ciudadanos afectados, sino “comprarles esas propiedades a un justo precio”. Esto es lo que hacen los países civilizados que adoptan legislaciones avanzadas. Otra cosa es lo que se suele hacer aquí, aprobar leyes como los países mas avanzados en temas sociales y medio ambientales y por falta de medios actuar como países tercermundistas en cuanto a los derechos adquiridos.
3º) Las compensaciones aprobadas por el Tribunal Constitucional sobre esta Ley, de compensar a los propietarios dejándoles que disfruten unos años de su propiedad que se les quita por el Estado, es un sarcasmo propio de analfabetos económicos. ¿Desde cuando para comprar algo que es propiedad de otra persona se le puede pagar “permitiendo” que disfrute esa propiedad durante algún tiempo mas?.
4º) La confianza en el gobierno y las instituciones de este país, están en entredicho. El Parlamento Europeo ha condenado a España por su falta de respeto a los derechos de los ciudadanos europeos y le ha pedido que rectifique. Creemos que está en la mano del Gobierno conseguirlo. Para ello debe reformar la Ley de Costas eliminando la parte de la misma que permite se aplique sobre situaciones anteriores a la Ley. Con esa Ley en la mano si mañana el Gobierno modifica lo que se entiende por playa, ampliando el concepto (como hizo la ley del 88 respecto de la ley del 69), puede dejar en la ilegalidad de nuevo a miles de familias. Es esta incertidumbre la que genera desconfianza.
La Asociación de Vecinos Litoral de Arenales del Sol, que agrupa a 800 propiedades y familias afectadas y la Plataforma Nacional de Afectados por la ley de Costas que agrupa casos similares en toda España, le pedimos, Sr. Presidente del Gobierno, que dialogue y negocie con nosotros. La fuerza no se demuestra en la imposición y en los derribos, sino en los argumentos y los acuerdos. También los parlamentarios europeos miran este caso como ejemplo del verdadero talante que tiene usted. Recobre la confianza en este país empezando por cumplir las resoluciones del Parlamento de Europa.
Alfredo Masó
Presidente de la Asociación Vecinos Litoral de Arenales del Sol
Miembro de la Plataforma Nacional de Afectados por la Ley de Costas
Ante la estupefacción de los representantes del Ministerio de medio Ambiente, liderados por la directora de costas, Doña Alicia Paz, el Parlamento Europeo ha vuelto a llamar la atención y condenar a España y a su Gobierno por la aplicación injusta, arbitraria, con carácter retroactivo y sin compensación suficiente por la pérdida de la propiedad en los casos de concesión, de la Ley de Costas. No ha servido para nada el que la directora de Costas fuera al Parlamento de cuerpo presente para explicar la “maravilla” que es esta Ley, estando además en el semestre en donde nuestro Presidente es asimismo Presidente (de turno) de la Unión europea. Nada, los parlamentarios europeos siguen en la confabulación contra este Gobierno, la Audiencia nacional, Tribunal Supremo y funcionarios de Costas varios, indicándonos que el problema no es la ley de costas (válida en cuanto a la necesidad de proteger las playas) sino su aplicación sobre situaciones que eran (y son, en mi opinión) legales antes de que se aprobara, en 1988, dicha Ley.
Los parlamentarios de Europa, en definitiva, se ratifican en lo que se indicaba en el famoso (y olvidado) Informe Auken y piden al Gobierno que de una solución respetuosa con el derecho de propiedad de los ciudadanos europeos.
Para el Gobierno podría ser el momento de llegar a un pacto con los ciudadanos afectados por la aplicación de dicha ley, insisto sobre propiedades que eran legales, abriendo un debate que intente conjugar el respeto al medio ambiente y los derechos de propiedad.
Nos va en ello la credibilidad de este país y la confianza de que este Gobierno y su Presidente en primer lugar, se comportan de manera civilizada con los que desean invertir en el.
En este debate me gustaría aclarar algunos puntos, desde la perspectiva de los afectados, para evitar que se descalifique la oposición a esta Ley de Costas de la manera demagógica que a veces se hace desde la propia Costas o desde algunos grupos de presión.
1º) No estamos en contra de una Ley que proteja la Costa de desmanes urbanísticos. Estamos en contra de que se utilice para modificar situaciones que eran legales antes de dicha ley. Para nosotros el fin no justifica los medios.
2º) Un gobierno democráticamente elegido está en su derecho de modificar situaciones que ahora se consideran que “no se debieron haber permitido”. El procedimiento no es quitar sus propiedades a la brava a los ciudadanos afectados, sino “comprarles esas propiedades a un justo precio”. Esto es lo que hacen los países civilizados que adoptan legislaciones avanzadas. Otra cosa es lo que se suele hacer aquí, aprobar leyes como los países mas avanzados en temas sociales y medio ambientales y por falta de medios actuar como países tercermundistas en cuanto a los derechos adquiridos.
3º) Las compensaciones aprobadas por el Tribunal Constitucional sobre esta Ley, de compensar a los propietarios dejándoles que disfruten unos años de su propiedad que se les quita por el Estado, es un sarcasmo propio de analfabetos económicos. ¿Desde cuando para comprar algo que es propiedad de otra persona se le puede pagar “permitiendo” que disfrute esa propiedad durante algún tiempo mas?.
4º) La confianza en el gobierno y las instituciones de este país, están en entredicho. El Parlamento Europeo ha condenado a España por su falta de respeto a los derechos de los ciudadanos europeos y le ha pedido que rectifique. Creemos que está en la mano del Gobierno conseguirlo. Para ello debe reformar la Ley de Costas eliminando la parte de la misma que permite se aplique sobre situaciones anteriores a la Ley. Con esa Ley en la mano si mañana el Gobierno modifica lo que se entiende por playa, ampliando el concepto (como hizo la ley del 88 respecto de la ley del 69), puede dejar en la ilegalidad de nuevo a miles de familias. Es esta incertidumbre la que genera desconfianza.
La Asociación de Vecinos Litoral de Arenales del Sol, que agrupa a 800 propiedades y familias afectadas y la Plataforma Nacional de Afectados por la ley de Costas que agrupa casos similares en toda España, le pedimos, Sr. Presidente del Gobierno, que dialogue y negocie con nosotros. La fuerza no se demuestra en la imposición y en los derribos, sino en los argumentos y los acuerdos. También los parlamentarios europeos miran este caso como ejemplo del verdadero talante que tiene usted. Recobre la confianza en este país empezando por cumplir las resoluciones del Parlamento de Europa.
Alfredo Masó
Presidente de la Asociación Vecinos Litoral de Arenales del Sol
Miembro de la Plataforma Nacional de Afectados por la Ley de Costas
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